¿Puedo modificar o resolver mis contratos si se han visto afectados o alterados por la crisis del Covid-19?

No son pocos los ciudadanos que han visto afectadas sus decisiones por la llegada del covid-19, los dos estados de alarma y las múltiples medidas restrictivas sufridas estos meses: cancelaciones de vuelos, incidencias en los tickets abono de transporte público, reservas de hoteles, entradas de conciertos y espectáculos, cursos, máster o academias con modalidad online, contratos de arrendamiento incumplidos por ertes o cierres forzados…

Así, se han encontrado con que los contratos que firmaron antes de marzo de 2020 quedaron afectados con la llegada de la crisis sanitaria y económica que ha traído el covid-19: o bien los ciudadanos se han visto imposibilitados para cumplir con lo establecido en los contratos, o bien las empresas no han podido prestarlos o cumplirlos total, parcialmente o en condiciones normales (las pactadas).

Pese a ello, no se han adaptado muchos de estos contratos y se ha seguido exigiendo su cumplimiento íntegro (sobre todo, en aquellos que contenían una obligación de pago, como los alquileres) o se ha obligado a los usuarios a “conformarse” con la imposibilidad de su cumplimiento en las condiciones pactadas.

Pero ¿qué dice el Derecho sobre esta situación? Debemos conocer y hablar entonces de la cláusula contractual rebus sic stantibus.

 

Los contratos se rigen, principalmente, por dos principios que están relacionados entre sí, tanto, que uno es consecuencia del otro. Hablamos, en primer lugar, del principio pacta sunt servanda [los pactos deben cumplirse] que estipula la obligatoriedad de las partes de cumplir los contratos.

El segundo es el principio rebus sic stantibus [estando así las cosas] por el que se establece que los contratos tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes al momento de firmarlo, de tal forma que cualquier alteración de las mismas ocasionada con posterioridad podrá dar lugar a la modificación de lo pactado.

Así pues, podemos concluir que, en virtud de estos dos principios, los contratos deben cumplirse obligatoriamente mientras las circunstancias existentes al momento de su celebración no varíen.

Y es en este segundo aspecto, cuando las circunstancias varían, cuando cabe preguntarse: ¿qué ocurre con los contratos en esta situación y qué repercusión tiene la cláusula rebus sic stantibus? Es esto lo que vamos a tratar de resolver en este artículo.

 

¿QUÉ APLICACIÓN TIENE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS?

Hay que comenzar este artículo precisando que, así como el principio pacta sunt servanda se encuentra reflejado en el art.1.258 C.C., el principio rebus sic stantibus no se regula en ningún precepto legal, sino que es de construcción doctrinal y jurisprudencial.

El principio pacta sunt servanda se aplica de forma genérica a todos los contratos para primar la obligatoriedad de los mismos, de tal forma que el principio rebus sic stantibus tiene una aplicación excepcional. Y ello porque este principio “rompe” con la obligatoriedad instaurada, produciendo así un panorama de inseguridad o inestabilidad contractual que resulta peligroso. Por eso los tribunales consideran que debe aplicarse de forma cautelosa o restrictiva cuando reúnan una serie de requisitos.

 

¿Cuáles son estos requisitos?

Se encuentran consolidados en múltiples sentencias del Tribunal Supremo tales como la STS de 8 de julio de 1991, de 24 de junio de 1993, de 18 de enero de 1996, de 27 de abril de 2012, de 30 de junio de 2014… por citar solo algunos ejemplos.

  1. Alteración extraordinaria: las circunstancias que concurrieron a la firma del contrato se han alterado por circunstancias imprevisibles y sobrevenidas, fuera del poder de actuación de las partes, de tal forma que cuando las partes han ido a cumplir el contrato, las circunstancias iniciales ya han variado y no son las mismas.
  2. Desproporción desorbitante: al variar la situación, se produce una desproporción o desequilibrio económico desorbitante entre las prestaciones de las partes, produciéndose una desmesurada onerosidad para una de ellas.
  3. Inviabilidad o inoperatividad del negocio: lo anterior conlleva que a una de las partes le resulte imposible o muy gravoso cumplir el contrato, de tal forma que este se vuelve inviable o inoperativo porque ha desaparecido la causa. Se ha roto la base negocial del contrato.
  4. Buena fe e inexistencia de otros mecanismos: asimismo, se requiere que la parte perjudicada tenga buena fe y carezca de culpa en la alteración de esas circunstancias, así como que no exista otro medio para paliar el perjuicio.

Es importante saber también que esta cláusula busca, principalmente, modificar el negocio no resolverlo, rescindirlo ni extinguirlo (aunque en virtud de la misma también se pueda) ya que se entiende que como la causa ha sido sobrevenida e imprevisible, ciertamente la parte incumplidora tiene intención de cumplirlo, pero no puede hacerlo por la alteración sufrida. Por tanto, no busca aprovecharse de esta situación para rescindir el negocio, sino simplemente restablecerlo.

Para restablecer la relación se atiende a medidas modificativas, correctoras o compensatorias como pueden ser: la suspensión de las obligaciones, el aplazamiento de los pagos o la disminución de los precios.

 

¿A QUÉ CONTRATOS SE PUEDE APLICAR?

  • Contratos de suministro periódico: se contrata la realización de una serie de prestaciones periódicas, determinadas o indeterminadas.
  • Contratos a largo plazo: contrata la prestación de uno o más servicios por un tiempo mayor a 15 años o indeterminado. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento de cosas.
  • Contratos de tracto sucesivo: se suceden varias prestaciones, una seguida de la otra, en un periodo prolongado de tiempo que puede ser de corta o larga duración. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento urbano.
  • Contrato de ejecución diferida: la eficacia del contrato queda suspendida o postergada al momento en que sea exigible la prestación contratada. Por ejemplo, la compraventa con entrega posterior del bien. Esto supuesto es el más complejo de reconocer la aplicación de la cláusula, sobre todo cuando la causa de su incumplimiento se basa en la falta de financiación económica.

Quedan excluidos:

  • Como mencionábamos antes, los contratos que tienen inherente el riesgo de que las circunstancias cambien y, por este motivo, contengan una cláusula que prevea esta situación tales como: cláusula de revisión periódica del contrato, cláusula de estabilización o cláusula de pago en especie. Por ejemplo, suele ocurrir con los contratos de arrendamiento de local destinados a la hostelería en donde las variaciones existen usualmente y una crisis puede entenderse como un riesgo inherente de estos negocios.
  • Contratos de corta duración, en donde se pueden encuadrar muchos contratos de servicios.
  • Derechos reales.

No obstante, cabe preguntarse ¿se puede aplicar la cláusula rebus sic stantibus a estos contratos excluidos que también se hayan visto afectados por la crisis sanitaria del covid-19 por el supuesto tan especial y excepcional que supone? Lo resolveremos en el último apartado.

 

 

ORIGEN DE LA CLÁUSULA Y SU PROBLEMÁTICA APLICACIÓN.

Antes conviene contextualizar esta cláusula y los fundamentos en los que se han basado los tribunales para su aplicación e inaplicación.

Esta cláusula no es reciente, sino que nos podemos encontrar pronunciamientos sobre ella del Tribunal Supremo desde 1990 en adelante. No obstante, tuvo especial relevancia con la llegada de la crisis económica de 2008, particularmente por el sector inmobiliario que fue el más afectado por la crisis.

Hasta ese momento, el Tribunal Supremo seguía una línea de aplicación de la cláusula bastante restrictiva hasta la llegada de las Sentencias de 30 de enero de 2013 (rec. 1579/2010), 18 de enero de 2013 (rec. 1318/2011) y, sobre todo, 30 de junio de 2014 (rec. 2250/2012) que abrieron la posibilidad de aplicar la cláusula de forma más flexible.

Sin ánimo de extenderme demasiado en esta cuestión que ciertamente daría para un análisis que rebasaría la intención de este artículo, voy a comentar únicamente el pronunciamiento de la STS de 30 de junio de 2014 que resulta necesario para entender la contraposición de posturas del TS en la que nos encontramos actualmente y que podría afectar al análisis de la aplicación de la cláusula a los contratos afectados por el covid-19.

La sentencia mencionada estimó la aplicación de la cláusula en un contrato de explotación de publicidad suscrito el 01/08/2006 por una duración de 4 años (finalizando el 31/07/2010) truncado por la crisis que aconteció en 2008 al no poder hacer frente a la totalidad del pago.  

El TS estimó su aplicación por entender que concurrían todos los requisitos anteriormente mencionados, teniendo especial hincapié el requisito de la alteración por circunstancia sobrevenida e imprevisible, pues se debatió si una crisis económica suponía una situación sobrevenida e imprevisible, resolviendo finalmente el TS que sí lo era: “[…] la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido”. A menos, por supuesto, que se previera con alguna cláusula de estabilización u otro de los remedios comentados en el apartado anterior y, por tanto, no fuera un riesgo inherente o derivado del contrato.

No obstante lo anterior, la crisis económica en sí misma no puede suponer ya la aplicación automática de la cláusula sino que para ello deben concurrir alguna de estas dos condiciones: o bien que el cambio sufrido lleve a un resultado reiterado de pérdidas (imposibilidad económica) o bien la completa desaparición de cualquier margen de beneficio (falta de carácter retributivo de la prestación).

Las otras dos sentencias del TS de 2013 mencionadas se pronunciaron en el mismo sentido de la anterior aunque sin profundizar tanto en la cuestión. Sí que fueron relevantes porque estimaron por primera vez la aplicación de la cláusula a contratos de compraventa cuyo incumplimiento, ocasionado por la crisis económica de 2008, se debió a la imposibilidad de obtener financiación económica para hacer frente al pago.

 

Con posterioridad se han ido dictando otras sentencias (STS de 18 de julio de 2013, de 30 de abril de 2015, de 15 de enero de 2019 rec. 3291/2015 o de 5 de abril de 2019, entre otras) que, aunque han entendido, en la línea de las anteriores, que una crisis económica puede ser una circunstancia imprevisible y extraordinaria para alterar la base de un contrato y aplicar la cláusula rebus, la misma se encuadra en un riesgo inherente a la actividad/contrato de tal forma que es previsible y no procede aplicar la cláusula. Se volvió así a instaurar un modelo restrictivo de aplicación.

La crisis financiera es un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales que no puede considerarse imprevisible o inevitable” y “del carácter del hecho notorio que caracterizó la crisis económica de 2008 no comporta, por ella sola, que se derive una aplicación generalizada o automática de la cláusula rebus sic stantibus a partir de dicho periodo, sino que es del todo necesario que se contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractual de que se trate”.

 

¿QUÉ APLICACIÓN TIENE ESTA CLÁUSULA EN LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL COVID-19?

Llegados a este punto surge la pregunta de ¿ qué pasa con los contratos afectados por el covid-19 si estamos también ante una crisis económica como la de 2008? ¿Se aplica por analogía el pronunciamiento más reciente del TS de considerarla una situación previsible y un riesgo inherente?

Aún es pronto para saber qué solución va a darle el Tribunal Supremo a lo que sin duda será una gran problemática, pues tendrán que transcurrir varios años hasta que tengamos los primeros pronunciamientos.

No obstante, sí podemos hacer las primeras aproximaciones. La crisis económica de 2008 se caracterizó por durar varios años, surtiendo unos efectos prolongados en el tiempo y encontrándonos con contratos que se vieron afectados a lo largo del transcurso de la misma, mientras que la crisis actual, si bien ha derivado en una crisis económica, primordialmente ha sido y es una crisis sanitaria, cuya afectación total o parcial ha sido en apenas unos meses.

Aquí reside principalmente la diferencia entre la crisis de 2008 y la actual y, es esta misma diferencia la que tendría que tenerse en cuenta para darle un tratamiento distinto a la aplicación de la cláusula: la crisis del coronavirus es sanitaria, provocada por una enfermedad que la OMS ha catalogado ya como una pandemia mundial. Las enfermedades y pandemias NO pueden entenderse como previsibles, de tal forma que se cumpliría con los requisitos siguientes:

  1. Alteración extraordinaria de las circunstancias.
  2. Carácter imprevisible y sobrevenido.
  3. Desproporción exorbitante.
  4. Riesgo ajeno a la naturaleza del contrato.

 

Actualmente, solo tenemos un Juzgado que ya se ha pronunciado sobre esta situación: el Juzgado de Primera Instancia nº 81 de Madrid, nº 447/2020, de 25 de septiembre de 2020, procedimiento 473/2020.

Este Juzgado estimó la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a un contrato de arrendamiento de local de ocio nocturno que ha estado afectado los últimos meses por las medidas del covid-19 tales como reducción de aforo y cierre total. Así pues, solicitó la modificación del contrato y el Juzgado de Primera Instancia concedió la reducción de la renta al 50% en proporción a la reducción del aforo permitido en cuanto aquel pudiera volver a abrir y, hasta tanto permaneciera cerrado, la suspensión del pago de la renta.

Asimismo, esta sentencia hace un análisis de los requisitos desde la perspectiva de la afectación por covid-19:

  1. Alteración extraordinaria de las circunstancias: no cabe duda del impacto que ha causado y está causando la declaración de los dos estados de alarma y de que el covid-19 tenga carácter extraordinario y sobrevenido.
  2. Desproporción exorbitante: el negocio se encuentra ante una facturación igual a cero en los meses en los que estuvo cerrado.
  3. Asignación de riesgo por la naturaleza del contrato: cada parte responde de lo que está en su ámbito de control, es decir, el propietario (arrendador) de su inmueble y el arrendatario del riesgo empresarial. No obstante, el cierre como consecuencia de la pandemia parece estar fuera del ámbito de responsabilidad de ambos, pues ni puede entenderse inherente al inmueble ni puede entenderse un riesgo empresarial al ser ajeno al desarrollo ordinario del negocio.

Asimismo, la crisis del covid-19 ha afectado tanto al sector servicios como, sobre todo, al sector de la hostelería y la restauración y, en concreto, a discotecas y salas de baile, por lo que nos encontraremos con contratos de corta duración, de larga duración, de servicios, de arrendamientos, de tracto sucesivo, de tracto único… afectados.

Por tanto, nos podremos encontrar no solo ante un nuevo periodo de aplicación flexible de la cláusula, sino también ante una nueva doctrina de la cláusula rebus sic stantibus, más aperturista a incluir contratos hasta ahora excluidos, atendiendo a la excepcionalidad e imprevisibilidad de la situación.

Así lo viene entendiendo al menos el Juzgado de Primera Instancia nº 81 de Madrid: “ahora bien, en la actualidad no puede aceptarse una desfasada interpretación restrictiva de la doctrina jurisprudencial en cuestión por aplicación del principio pacta sunt servanda”.

 

 

CONCLUSIÓN:

Como vemos, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, más flexible o más restrictiva, responde en todo caso a que se aprecien las circunstancias que concurren en cada caso concreto para saber si reúnen los requisitos exigibles para su aplicación y cuáles son los efectos más adecuados para restablecer el equilibrio. Por tanto, no puede utilizarse de forma genérica ante cualquier alteración sufrida en un contrato.

Por eso, si te encuentras con un contrato afectado por la crisis sanitaria del covid-19 lo mejor que puedes hacer es acudir a un abogado civilista que pueda analizar tu caso concreto y ver si cabe alguna solución extrajudicial o judicial al respecto.

 

Visita nuestras redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *