Aproximación de las empresas al conocimiento de los contratos públicos

¿Qué son los contratos públicos?

Las Administraciones públicas o entidades vinculadas a ellas necesitan continuamente que las empresas privadas les construyan edificaciones, les presten servicios o les suministren productos. Para llevar a cabo esta operación, dichas administraciones realizan contratos, los cuáles serán denominados “contratos públicos”.

Gracias a la contratación pública, muchas empresas han conseguido amasar grandes fortunas, pues las Administraciones públicas son uno de los mejores clientes, tanto por las cifras dinerarias que son capaces de abonar como por los mecanismos legales que existen para asegurar su cobro.

La regla general es que los contratos públicos deben publicarse previamente y con la máxima transparencia, con el fin de controlar el gasto de dinero público y de garantizar la oportunidad de todas las empresas que quieran participar de presentar su oferta.

En función de la cuantía del producto o servicio que las Administraciones quieran adquirir y, por consiguiente, de la cuantía que tendrá el contrato público, el mecanismo para contratar con las Administraciones Públicas variará, y estas vendrán obligadas a tomar una serie de decisiones que delimitará el tipo de contrato y la forma en la que ha de publicarse y, con ello, licitarse.

Es así como gana protagonismo la plataforma de contratos del sector público y que las empresas que quieran hacer negocios con las Administraciones Públicas deben conocer.

La Plataforma de Contratos del Sector Público

Por un lado, la normativa comunitaria y española es cada vez más exigente en materia de publicidad y transparencia con respecto al destino de los fondos económicos públicos.

Por otro lado, se hace un esfuerzo legislativo para que las empresas, especialmente las PYMEs, accedan a estos fondos mediante la ejecución de trabajos.

Como resultado, tenemos diversos mecanismos orientados a satisfacer estas dos cuestiones: transparencia y accesibilidad a las PYMEs; y uno de estos mecanismos es la necesaria publicación de los contratos que la Administración en cuestión requiere. Y no solo el hecho de publicarse, sino que también regula la antelación suficiente con la que deberán publicarse para garantizar así que los empresarios tengan tiempo para presentar su oferta y esta pueda ser evaluada en igualdad de condiciones con respecto a los demás oferentes. De esta forma, el contrato público debería quedar adjudicado a quien presente la mejor propuesta.

Por eso, dicha publicación ha de hacerse necesariamente de forma electrónica mediante la “Plataforma de Contratos del Sector Público”, y es siempre obligatoria para todos los contratos (salvo algunas excepciones, como el contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad).

Esta Plataforma está diseñada para que cualquier empresa pueda analizar los contratos que, a su juicio, puedan resultar de su interés, permitiendo a través de este mismo medio presentar su propuesta económica.

Una de sus grandes ventajas es que un empresario que se sitúe, por ejemplo, en un pequeño municipio de Huelva, como podría ser Corteconcepción, pueda enviar su oferta para optar a un contrato de una Administración Pública de Asturias, y todo ello, sin salir de su municipio.

Por todo lo expuesto, es conveniente que todas las empresas tengan presente esta forma de contratar, pues tiene un abanico inmenso de posibilidades de trabajo y puede visualizarlas e incluso licitar de forma telemática, sin importar su ubicación geográfica, al menos, en un momento inicial.